La pasada jornada electoral del 21 de noviembre de 2021 para elegir gobernadores, alcaldes, concejales y legisladores regionales en Venezuela, estuvo signada por la violencia de grupos armados, colectivos e integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que llegaron desde los estados fronterizos e incluso desde otras entidades del país, pese a que se contaba con la observación internacional de la Unión Europea (UE) y el Centro Carter, además de un Consejo Nacional Electoral (CNE) en apariencia más plural y diverso.
Lo anterior dejó como consecuencia la pérdida de la vida de un hombre en Zulia, en plena jornada de votaciones mientras que otras personas resultaron heridas luego de un «tiroteo», aunado a que el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) y colectivos armados, actuaron a favor de una parcialidad política, sumándose a esa dinámica en algunos casos militares y cuerpos policiales, quebrantando lo establecido en la legislación venezolana.
Cabe resaltar que el artículo 6 del reglamento interno del Partido Socialista Unido de Venezuela establece que la campaña debe ser “amorosa, respetuosa, alegre, enaltecedora de los valores psuvistas”, premisa que no se vio reflejada debido a que la contienda trascendió la pugna entre toldas políticas, dando paso al uso de armas desde el momento en que se anunció la convocatoria a elecciones el 13 de mayo de 2021.
Como en ninguna otra elección en Venezuela, efectivos militares especialmente de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) intervinieron para influir en quienes serían los abanderados oficialistas y en la opción que debían elegir los votantes.
Amenazas bajo el disfraz de «democracia»
Se conoció además que a tan sólo tres días después de los comicios, Diosdado Cabello amenazó con cárcel a los alcaldes opositores: “Tengan cuidado, se le puede salir una rueda a la carreta y no vayan ustedes a equivocarse otra vez. A nosotros ahorita no nos importan muchas cosas de lo que ustedes hagan y piensan… Que los organismos levanten la información y denuncien al que tengan que denunciar. Y si es alcalde va preso y va preso pues, por destrozar bienes del Estado. No digan que no se los dije, no estoy amenazando a nadie pero aquí para que haya paz tiene que haber justicia”.
En este sentido se ha concluido por parte de la Misión de Observadores Electorales de la Unión Europea (MOE-UE), que en Venezuela no existe el estado de derecho ni se respetan las garantías electorales, resultado que trajo como consecuencia la expulsión precipitada de este grupo por parte del Ejecutivo venezolano, aún a pesar de que se había firmado un acuerdo, para garantizar la permanencia de los observadores en el país hasta el día 13 de diciembre del pasado año.
Dentro de los hechos de violencia ocurridos está la pérdida física de un ciudadano, en el centro de votación Eduardo Emiro Ferrer, del municipio San Francisco en el estado Zulia, bajo tiroteo a manos de «colectivos», según declaraciones de los presentes en el sitio, así como también en el estado Táchira, Seboruco donde hombres armados que se identificaron como miembros del ELN se presentaron en los centros de votación, cerca de las 3 de la tarde, a fin de impedir el derecho al voto a quienes no lo hicieran por el candidato del oficialismo a la gobernación, Freddy Bernal.
Lo anterior como parte de los múltiples antecedentes presentados por ciudadanos que fueron víctimas de acoso y persecución el pasado 21 de noviembre cuando acudían a ejercer su derecho al voto, por parte de estos grupos irregulares, que integran el Gobierno Nacional.
No solo en la frontera…
Se conoce además de grupos desestabilizadores dentro del país llamados «megabandas», con alto poder de fuego, quienes determinan el ingreso a las barriadas y comunidades, impidiendo además la realización de actos políticos a los candidatos de la oposición venezolana.
No obstante, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) irrumpieron en la toma de posesión de la opositora Sulme Ávila como alcaldesa del municipio Juan Germán Roscio (San Juan de los Morros), estado Guárico.
Por esto y más, Fundaredes como organización defensora de los derechos humanos, realizó estudios exhaustivos para constatar esta información, logrando comprobar bajo documentación legal la veracidad de los hechos, donde los ciudadanos ejercían su participación en los comicios.
Finalmente esta organización recordó a las autoridades que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en el artículo 21, que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y se expresará mediante elecciones auténticas, a celebrarse periódicamente garantizando la libertad del voto, siendo esta la expresión del derecho de igualdad previsto en la ley antes mencionada pero ejercido en paz, sin presiones ni amenazas armadas, indispensable para la consolidación de la democracia. (Prensa Fundaredes)
TEXTO BOLETÍN # 36
«LA VIOLENCIA SE IMPUSO EN LAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES DEL 21-N»
La jornada electoral del 21 de noviembre de 2021, fecha en la que Venezuela eligió a gobernadores, alcaldes, concejales y legisladores regionales estuvo signada por la violencia de grupos armados que, mediante la intimidación, y en algunos casos la fuerza, influyeron en el desarrollo de este proceso ciudadano pese a que se contaba con la observación internacional de la Unión Europea (UE) y el Centro Carter, además de un Consejo Nacional Electoral (CNE) en apariencia más plural y diverso. Los reportes de actuaciones de colectivos armados e integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) llegaron desde los estados fronterizos e incluso desde otras entidades del país. Estas organizaciones actuaron a favor de una parcialidad política, y en algunos casos militares y cuerpos policiales se sumaron a esa dinámica, contraviniendo lo establecido en la legislación venezolana. La situación cobró la vida de un hombre en Zulia, en plena jornada de votaciones mientras que otras personas resultaron heridas. En esta ocasión la contienda trascendió la pugna entre toldas políticas y dio paso al uso las armas desde el momento en que se anunció la convocatoria a elecciones, el 13 de mayo de 2021, pues incluso al interior del partido de gobierno los grupos armados tomaron parte desde las elecciones primarias para elegir los candidatos, a pesar que el artículo 6 del reglamento interno del Partido Socialista Unido de Venezuela establece que la campaña debe ser “amorosa, respetuosa, alegre, enaltecedora de los valores psuvistas”. En estas elecciones la actuación armada no solo provino de los grupos armados irregulares que imponen su presencia en la frontera. Como en ninguna otra elección anterior efectivos militares, especialmente de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) intervinieron para influir en quiénes serían los abanderados oficialistas y cuál opción debían elegir los votantes. Medios de comunicación aseguraron que parte de la seguridad de mandatarios regionales, municipales y diputados del Consejo Legislativo de Apure, tanto oficialistas como opositores, fue garantizada por integrantes del ELN, de las FARC o de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) que operan en la zona. La injerencia de los grupos armados irregulares se hace más evidente en los estados fronterizos, pero no se limita a ellos, sino que abarca otras entidades para asegurar mayores espacios de poder. “Sectores académicos y de derechos humanos entre los que se encuentra FundaRedes aseguran que los grupos armados irregulares, como guerrilleros, paramilitares, carteles de la droga, colectivos armados y otros que coexisten en la frontera de Apure controlan la voluntad electoral de sus habitantes”, reseñó un reportaje del portal de noticias Crónica Uno.
“Tanto Ramón Carrizales (gobernador de Apure) como Pedro Danilo Leal (alcalde del municipio Pedro Camejo de esa entidad) tienen amplia relación con las FARC desde hace años. El problema es cuando surge la división en esa organización. Fíjense, en La Macanilla había un gran campamento que a raíz de la división interna de las FARC y lo ocurrido hace poco en La Victoria ha terminado dispersándose”, relató al portal Infobae un dirigente del PSUV en Apure. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebró el domingo 8 de agosto elecciones primarias para elegir a los candidatos que participarán en las regionales del 21 de noviembre.
BAJO AMENAZA
Si la contienda preelectoral estuvo marcada por serias violaciones a manos de individuos armados que intentaron doblegar las decisiones del electorado chavista, lo acontecido en el proceso electoral de este 21 de noviembre lo sobrepasó con creces. Tan sólo tres días después de los comicios, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, amenazó con cárcel a los alcaldes opositores: “Tengan cuidado, se le puede salir una rueda a la carreta y no vayan ustedes a equivocarse otra vez. A nosotros ahorita no nos importan muchas cosas de lo que ustedes hagan y piensan… Que los organismos levanten la información y denuncien al que tengan que denunciar. Y si es alcalde va preso y va preso pues, por destrozar bienes del Estado. No digan que no se los dije, no estoy amenazando a nadie pero aquí para que haya paz tiene que haber justicia”.
La Misión de Observadores Electorales de la Unión Europea (MOE-UE) documentó las denuncias de ataques violentos en varios estados del país durante las elecciones del 21 de noviembre y concluyó que en Venezuela no hay garantías electorales ni se respeta el Estado de Derecho. Su informe acarreó la expulsión precipitada del grupo por parte del Ejecutivo venezolano, pese a que previamente se había firmado un acuerdo para la permanencia de los observadores en el país hasta el día 13 de diciembre.
En el centro de votación Eduardo Emiro Ferrer, del municipio San Francisco en el estado Zulia, ocurrió un tiroteo presuntamente a manos de simpatizantes del oficialismo identificados como “colectivos” que llegaron en motos y camionetas con vidrios polarizados y dispararon contra los electores que se encontraban en el lugar y huyeron aterrorizados. El hecho causó la muerte de al menos una persona, según testigos que declararon a la prensa. En la calles del pueblo de Catatumbo, también en Zulia, habitantes denunciaron la presencia de un grupo parapolicial que amedrentaba para desmovilizar a los electores la noche anterior a la jornada electoral.
Eraima Varela, presidenta de la Junta Electoral del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, denunció irregularidades cometidas por funcionarios del CNE y del Plan República en su jurisdicción, motivo por el cual ha recibido amenazas vía mensajes de texto y llamadas telefónicas. «Temo por mi seguridad y la de mi familia», afirmó
Además, testigos de mesa en ese mismo municipio aseguraron que la guerrilla del ELN los amenazó de muerte el día de las elecciones: “Me amenazaron con una pistola aquí en las costillas, en Caño Grande adentro del salón de clase (donde está la mesa de votación #1). Llegó un ‘guerrillo’ y me dijo ‘te salís del aula, del liceo, de la escuela, o te escoñeto aquí’. Estaba solo con dos (personas) más”. Otra denuncia la hizo Jhonnatan León, candidato a concejal por el Partido Comunista de Venezuela (PCV): “Hubiéramos ganado si la gente del ELN no tuviese metida la mano ahí. A mí me amenazaron con que me iban a quemar; al profesor que lo iban a quemar también, de frente nos pusieron al un señor y también lo amenazaron”, reseña un reportaje del portal de noticias Infobae. En el estado Bolívar habitantes de Tumeremo, municipio Sifontes, denunciaron que el Ejército militarizó todas las vías y junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y otros cuerpos de seguridad instalaron alcabalas para intimidar a los electores para que votaran a favor del actual alcalde, quien aspiraba a la reelección. En Táchira los hostigamientos ocurrieron a través de pintas en las paredes con amenazas de muerte a candidatos, hordas de motorizados encapuchados y presencia intimidatoria de la guerrilla en centros electorales de algunos municipios como Bolívar, Ureña, Córdoba, García de Hevia, Seboruco y Lobatera. Fernando Andrade, candidato a la gobernación en esa entidad, denunció que sus testigos fueron retirados de los centros electorales por grupos armados que se identificaron como integrantes del ELN. Cerca de las 3:00 pm, hombres armados que se identificaron como miembros del ELN se presentaron en los centros de votación de la aldea Palmarito y Los Ríos del municipio Seboruco del estado Táchira, donde FundaRedes ha registrado la presencia del ELN desde mediados de 2020. Los irregulares impedían el derecho al voto a quienes no lo hicieran por el candidato del oficialismo a la gobernación, Freddy Bernal.
La irregularidad fue reseñada por medios de comunicación que además registraron la inacción de los efectivos del Plan República en el lugar para impedir esta violación a las normas electorales y constitucionales. “Los dos miembros del Plan República que estaban ahí no pudieron o no quisieron hacer nada. No hubo violencia, pero sí chantaje. Esos grupos ya se pasean normalmente por el municipio portando pistolas y armas largas, sin que ninguna autoridad los detenga. La guerrilla no ingresó al salón de la mesa de votación, pero sí le pusieron candado al centro, dejándonos adentro encerrados, secuestrados por ellos”, relató una testigo en la escuela de Los Ríos. Un disidente oficialista fue asesinado a manos de la guerrilla del ELN dos semanas después de los comicios a consecuencia de sus críticas a la jornada electoral en el municipio Uribante, estado Táchira. Se trata de Leonel García, quien fue emboscado por hombres armados cuando realizaba labores agrícolas en un terreno de su propiedad y murió en medio de un intercambio de disparos en el cual uno de los agresores murió y otro resultó herido. Ambos fueron rescatados por sus compañeros de armas antes de que llegaran las autoridades. Días antes García había divulgado en un audio por redes sociales críticas contra el ex alcalde oficialista Yoel Contreras, quien fue derrotado en la contienda.
En Amazonas, durante la elección de los parlamentarios indígenas realizadas como votaciones de segundo grado, cinco días después de los comicios generales, algunos votantes fueron obligados a sufragar en centros instalados en bases militares, rodeados de efectivos armados, lo que resultaba intimidante. El líder social e indígena José Mejías criticó que se utilizara un cuartel como centro de votación: “Si es un acto indígena, y por lo tanto civil, el hecho de que se realice en el Comando de la Armada es un acto intimidante y de coacción contra quienes acuden a votar”.
MÁS ALLÁ DE LA FRONTERA
Mientras en la frontera se imponen colectivos armados y guerrillas, en el interior de Venezuela la presencia armada estuvo en manos de bandas criminales con alto poder de fuego denominadas “megabandas”, que mantienen control en las barriadas y comunidades, y son las que deciden quién entra a esas localidades. En medio de la campaña electoral impidieron que algunos candidatos de la oposición realizaran actos de proselitismo político e intimidaron a los electores. Esta violación a los derechos civiles y políticos se llevó a cabo con la colaboración de efectivos de los cuerpos de seguridad controlados por gobernadores y/o alcaldes oficialistas.
El precandidato a la Alcaldía de Valencia Miguel Flores denunció que civiles armados intimidaron a los electores en el centro de votación del Liceo Alejo Zuloaga, en el estado Carabobo. Flores publicó una fotografía en redes sociales en la que se ve a un hombre con un arma de fuego en su cintura. Indicó que funcionarios de la Policía Municipal de Valencia amedrentaron a los votantes. En Aragua, dos candidatos a la gobernación exhortaron a las autoridades militares y a los cuerpos de seguridad y orden público para que garantizaran la seguridad personal de los candidatos de la oposición que intentaban hacer campaña electoral en zonas o municipios controlados por delincuentes. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) irrumpieron en la toma de posesión de la opositora Sulme Ávila como alcaldesa del municipio Juan Germán Roscio (San Juan de los Morros), estado Guárico. Según reseñaron medios de comunicación, los funcionarios querían apresar a la alcaldesa electa y entraron a su despacho. Enseguida, fueron rodeados por los dirigentes políticos que la acompañaban e impidieron su detención, Sin embargo, días después fue detenida la jueza Estela Carolina Ortega, quien juramentó a Ávila en su cargo como alcaldesa ante la negativa del Concejo Municipal de hacerlo. Fue enviada al anexo femenino de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV).
FundaRedes hizo seguimiento a estas situaciones y constató de manera directa y/o documental la violación a los derechos civiles y políticos referidos al derecho de los venezolanos a elegir libremente a sus autoridades.
El 6 de diciembre de 2021 FundaRedes entregó un escrito a la Defensoría del Pueblo en el que expuso las denuncias de las irregularidades y presuntos hechos punibles que deben ser investigados en torno a las elecciones de gobernadores, diputados al Consejo Legislativo, alcaldes y concejales.
Recordó a las autoridades que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en el artículo 21 que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y se expresará mediante elecciones auténticas a celebrarse periódicamente, garantizando la libertad del voto.
En Venezuela, ese acto ciudadano se rige por una serie de principios consagrados en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en los que destacan los valores de soberanía, democracia, imparcialidad y confiabilidad.
La libertad de una nación para elegir a sus propios gobernantes está sustentada en el derecho de sus ciudadanos a elegir y ser elegidos, esa es la expresión del derecho de igualdad previsto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero ejercido en paz, sin presiones ni amenazas armadas, indispensable para la consolidación de la democracia.
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