Familiares piden justicia en crimen de estudiante de la UCAT

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Familiares de Karla Romero joven estudiante de la Universidad Católica del Táchira, asesinada en San Cristóbal el 9 de Mayo del 2018 en Pirineos, exigen justicia.
Informaron que hace tres meses el tribunal primero en funciones de control de violencia contra la mujer, decretó orden de captura contra su supuesto victimario y éste no ha sido detenido.
Expresa la versión de los familiares que la causa SP21P-2018-001974, determinó como supuesto autor intelectual del crimen a un mayor de la guardia nacional de apellido Parra, por este caso fueron detenidos los dos supuestos autores materiales, quienes aparentemente acusaron directamente al funcionario de haberlos presuntamente contratado, a través de dos intermediarios, y pagarles supuestamente 11 millones de pesos para presuntamente asesinar a la joven quien era su supuesta pareja.
La familia de la estudiante de 29 años de edad está consternada, pues el presunto autor del femicidio, se habría valido del aparente poder del alto gobierno para gozar de supuesta protección y mantenerse en presunta libertad.
Extraoficialmente, se maneja que el uniformado habría supuestamente pagado una mil millonaria suma de dinero en supuestos dólares para que presuntamente revoque la orden de aprehensión en su contra.
El presunto implicado, según los familiares de apellido Parra está presuntamente solicitado por el Sistema Integrado Policial SIPOL, sin embargo aparentemente se mantiene activo a órdenes de la guardia nacional.
En la investigación llevada por el CICPC determinó la supuesta relación entre los autores materiales, intermediarios y el autor intelectual, a través, del cruce de llamadas telefónicas.
Los intermediarios aparentemente huyeron del país, luego de que se libraran las órdenes de captura, uno de ellos un guardia nacional identificado como L. Becerra.
Los familiares de la joven alertaron a través del Instagram de la víctima @karlastefania_r,  que este lunes, el ciudadano señalado de femicidio, se pondría a derecho en la sede de los tribunales en San Cristóbal, donde le sería otorgada una medida cautelar, por lo que exigen que la muerte de la joven no quede impune y los culpables reciban todo el peso de la ley.
Los familiares pidieron a la colectividad  apoyo este lunes en el edificio nacional como acciones de protesta para exigir justicia.
Nota de prensa