Linda Loaiza logra primera condena contra Venezuela por Derechos Humanos

El caso del “Monstruo de Los Palos Grandes” se hizo público cuando en julio de 2001 la prensa venezolana difundió que funcionarios de la Policía de Chacao habían hallado a una joven llamada Linda Loaiza López Soto, contra la cual se habían cometido presuntamente graves delitos.

Loaiza, que al momento de los hechos tenía dieciocho años de edad, había sido secuestrada en un apartamento, ubicado en la urbanización de Los Palos Grandes (este de Caracas), desde  hacía cuatro meses, y sometida a actos de violencia física, verbal, psicológica y sexual por su secuestrador Luis Antonio Carrera Almoina, con quien había sostenido previamente una relación amorosa.  Luego de su rescate,  pasó casi un año hospitalizada además de someterse a numerosas cirugías, entre otras, para la reconstrucción de los labios, de la nariz, del pabellón auricular izquierdo y de la vagina.

Tras varias investigaciones, Carrera Almoina fue detenido. Desde ese momento se produjo una gama de irregularidades en el proceso penal que condujo en 2004 a la absolución del secuestrador. En 2006, sin embargo, se originó una nueva sentencia, luego de que la Corte de Apelaciones decidiera anular el fallo absolutorio por inmotivación y ordenara un nuevo proceso en el cual el acusado quedaba condenado a seis años y un mes de prisión por los delitos de privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas, pero absuelto del delito de violación sexual. En 2008 se declaró que había cumplido la pena.

La denuncia de Loaiza

Numerosos cuestionamientos marcaron el proceso penal contra Carrera Almoina, sobre todo por la magnitud del retardo procesal y los estereotipos de género que giraron alrededor del caso.  Ante esto, Linda Loaiza, en su condición de mujer, decidió acudir a instancias internacionales para exigir respeto a su dignidad y por no encontrar justicia en Venezuela.

En 2007 acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en San José de Costa Rica, para demandar al Estado venezolano por la actuación inadecuada e indebida de las autoridades que negaron la protección y respeto a sus derechos humanos y los de sus familiares. Luego el caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para una época en que Venezuela era todavía parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y, por tanto, no se había salido de la jurisdicción de esa Corte.

Después de once años, la Corte IDH, mediante sentencia del 26 de septiembrede 2018, condenó al Estado venezolano por la violación de los derechos humanos de Loaiza, entre los que sobresalen el de integridad personal, prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud, libertad personal, garantías judiciales, dignidad, autonomía y vida privada, circulación y residencia, igualdad ante la ley y protección judicial.

La Corte, en efecto, determinó la responsabilidad internacional del Estado venezolano por incumplir con las obligaciones derivadas del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém do Pará, y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como por la violación del derecho a la integridad personal del grupo familiar.

Primera condena venezolana 

Para Acceso a la justicia, si bien son pocas las decisiones emanadas por la Corte IDH sobre violencia contra las mujeres, el fallo recaído en el caso de Loaiza reviste una importancia fundamental, dado que es la primera vez que se sanciona a Venezuela por violencia de género y, sobre todo, porque la Corte reconoce la responsabilidad que tuvieron las autoridades públicas o agentes estatales del país por la torturas que sufrió, conforme con los instrumentos internacionales previstos para impedir y erradicar las prácticas violatorias de los derechos de la mujer.

Para la referida Corte, Venezuela es responsable de los actos de tortura y abuso sexual de los que fue víctima Loaiza, en concreto por el carácter previsible de los daños sufridos y por haber tolerado la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, dignidad, autonomía y vida privada.

Nota de prensa