Los Jefes de servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido supuestos crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, denunció la ONU.

Autoridades de alto nivel fueron presuntamente los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para aparentemente reprimir a la disidencia, señaló este martes (20.09.2022) una misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas para Venezuela.

«Incluidos actos de tortura y violencia sexual»

«El Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y a sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual», afirma un extenso informe que la misión presentó a la prensa la ONU.

Este informe ahonda en los hallazgos que esta misma misión expuso en 2020 y ahora se centra en las actividades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

En el caso del Sebin, el informe señala como presuntos responsables al actual director general, al director del Helicoide el principal centro de detención entre 2014 y 2018  y a su número dos en ese periodo.

En la Dgcim se menciona al director general y a antiguos responsables de distintos estamentos del organismo.

 «Los presuntos actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos aislados y sin conexión actuando solos dentro del Sebin y la Dgcim. Estas violaciones, que constituyen crímenes de lesa humanidad fueron parte de una política deliberada supuestamente del Gobierno para silenciar, y sofocar a la oposición», enfatiza el informe.

La misión ha documentado los casos de 122 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos inhumanos en los centros de la Dgcim, especialmente en su sede principal en Caracas (conocida como Boleíta) y 51 por parte de agentes del Sebin, principalmente en el Helicoide, contra opositores, periodistas, manifestantes y activistas.

Aunque los casos denunciados pertenecen especialmente a los años 2017, 2018 y 2019, las violaciones y los crímenes del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy, manteniéndose las mismas estructuras, patrones y prácticas, afirma la misión, dirigida por la jurista Marta Valiñas.

Fuente Agencias / EFE, AFP y www.dw.com