«VENEZOLANOS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA EN MINAS DE ESTADO BOLÍVAR SON INVISIBLES PARA EL ESTADO VENEZOLANO»
Aunque se presume que la cifra es mucho más elevada, 26 personas desaparecidas en las distintas minas del estado Bolívar ha contabilizado FundaRedes desde el 2019, según su más recientemente investigación: «Venezolanos víctimas de desaparición forzada en minas de estado bolívar son invisibles para el estado venezolano».
El informe revela que de esas 26 personas 18 desaparecieron en el municipio Sifontes, que abarca unos 24.383 kilómetros cuadrados que albergan una gran cantidad de minas y donde además se han documentado reiterados hechos violentos “propiciados por grupos armados irregulares: guerrilla de origen colombiano, los autodenominados “sindicatos”, bandas criminales o hampa común, y en algunos casos por funcionarios militares o policiales”.
Para la organización defensora de derechos humanos lo que ocurre en las minas no solo del estado Bolívar sino también en Amazonas y Delta Amacuro, en relación con las desapariciones forzadas de ciudadanos que se han trasladado hasta las zonas mineras, provenientes de distintas partes del país en busca de mejores condiciones de vida, debe ser investigado por el Estado venezolano.
Asegura que cada día se afianza la presencia de grupos armados irregulares en esas entidades que promueven la creación de un territorio sin ley, “donde en ocasiones las autoridades actúan como cómplices silentes y activos”.
El estudio hace referencia al tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela que documentó la actuación de estas agrupaciones armadas al margen de la ley en el Arco Minero del Orinoco, y la responsabilidad del Estado venezolano en los crímenes que allí se cometen al no garantizar el derecho a la vida, a la seguridad personal, al trabajo, a una vida libre de violencia y al desproteger a los pueblos indígenas.
En este sentido, FundaRedes afirma que desde que los grupos armados irregulares penetraron en el Arco Minero del Orinoco los homicidios, las desapariciones forzadas de personas y la esclavitud moderna se han convertido en la cotidianidad de una población mayoritariamente indígena.
Los municipios – reseña el trabajo de documentación – donde se han registrado mayor número de denuncias de personas víctimas de desaparición forzada son: El Callao y Sucre, además de Sifontes, en el estado Bolívar y el municipio Atabapo de Amazonas, donde está ubicado el Parque Nacional Cerro Yapacana, “que siendo reservorio de fauna silvestre y protegido por leyes ambientales, concentra una gran cantidad de minas ilegales que destruyen este pulmón vegetal y la fauna en peligro de extinción”.
“Estas denuncias han sido presentadas ante el Ministerio Público y organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unida para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Lamentablemente – reitera la ONG- el Arco Minero del Orinoco se ha convertido en un territorio sin ley donde operan los intereses económicos y políticos de grupos armados irregulares, militares y policiales que han desatado una guerra contra la población indefensa, esclavizando a civiles, de manera especial a indígenas, y explotando la tierra de una manera indiscriminada y en progresiva y continua violación de los derechos humanos en este territorio. S.M CNP.7.996 (FundaRedes)
TEXTO BOLETÍN # 42
«VENEZOLANOS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA EN MINAS DE ESTADO BOLÍVAR SON INVISIBLES PARA EL ESTADO VENEZOLANO»
La geografía venezolana es una vasta zona de recursos naturales invaluables e incalculables. Desde la época colonial ha habido explotación comercial indiscriminada; y no solo de los recursos que brotan de la naturaleza, sino también del recurso humano. Este doble proceso de explotación irracional se evidencia en la esclavitud y la desforestación, a lo que se suma la extracción ilegal e indiscriminada de minerales.
La feroz explotación del hombre y su entorno natural han hecho que la frontera de Venezuela con Colombia y Brasil, la cual abarca poco más de 4.400 kilómetros, deba ser declarada de alto peligro. En el caso de los límites con Brasil son más de 2.000 kilómetros de extensión territorial lineal que incluyen los estados Bolívar y Amazonas donde diversas formas de violencia se han convertido en algo común. En la comisión de delitos contra seres humanos y contra el ambiente destacan la minería ilegal, el ecocidio y la desaparición forzada de personas.
Cada día se afianza la presencia de grupos armados irregulares en ambas entidades que promueven la creación de un territorio sin ley donde en ocasiones las autoridades del Estado venezolano actúan como cómplices silentes y activos. Recientemente, el tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó la actuación de estas agrupaciones armadas al margen de la ley en el Arco Minero del Orinoco y zonas aledañas, y la responsabilidad del Estado venezolano en los crímenes que allí se cometen al no garantizar el derecho a la vida, a la seguridad personal, al trabajo, a una vida libre de violencia y al desproteger a los pueblos indígenas.
CRÍMENES Y EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJA
El estado Bolívar abarca una gran superficie de 242.801 km2, lo que representa 26,49% del total del territorio nacional. Desde que los grupos armados irregulares penetraron esta zona los homicidios, las desapariciones forzadas de personas, y sobre todo la esclavitud moderna se han convertido en la
cotidianidad de una población mayoritariamente indígena, y que para suma de los daños en lo humano y cultural perdieron la autonomía ancestral reconocida por la Constitución, pues han sido sometidos por grupos irregulares ante la mirada de las autoridades militares y policiales venezolanas.
Ya en 2015, el diputado de la Asamblea Nacional Américo de Grazia denunciaba esta presencia, lo que evidencia que no se trata de un hecho reciente que toma por sorpresa a las autoridades: “Toda la operación en el estado Bolívar está controlada básicamente por el ELN. Su presencia es determinante y trabaja de manera mancomunada con las FARC. La alianza estratégica entre la FARC y el ELN es que cuando negociaban la paz, las FARC le entregó sus zonas operativas al ELN para que las operara de mutuo acuerdo, no hubo enfrentamiento entre el ELN y las FARC, sino que, a nuestro juicio, es un camuflaje declarar a las FARC como fuerzas disidentes, eso es una pantalla, un pote de humo para distraer porque a ellos siempre les ha interesado la fuente de ingreso que significa el oro, el secuestro, el narcotráfico y el tráfico de seres humanos, y tener un pie en la legitimidad y dos pies en la clandestinidad, porque incluso la clandestinidad les reporta beneficios de carácter económico muchos más sólidos que la legitimidad en Colombia y en Venezuela de igual manera”
Desde el año 2019 hasta la fecha de publicación de este boletín, FundaRedes ha registrado un total de 26 personas desaparecidas en las distintas minas del estado Bolívar, aunque se trata de un subregistro debido a la falta de denuncias por temor a represalias o desconfianza en las instituciones y a la inexistencia de cifras oficiales. De ese total, 18 personas desaparecieron en el municipio Sifontes, que abarca 24.383 kilómetros cuadrados y gran cantidad de minas. En esa misma localidad la organización ha documentado reiterados hechos violentos propiciados por grupos armados irregulares: guerrilla de origen colombiano, los autodenominados “sindicatos”, bandas criminales o hampa común, y en algunos casos por funcionarios militares o policiales.
Por su posición geográfica el municipio Sifontes sirve de única vía de escape para los migrantes venezolanos de esa parte del país que huyen de la violencia y la Emergencia Humanitaria Compleja hacia Brasil y otros países de América Latina, por ende es una localidad de continuo paso de personas que terminan siendo víctimas de estas agrupaciones criminales.
“Él se fue a trabajar para la parte de las minas del estado Bolívar, específicamente en la Sierra de Imataca, hace aproximadamente dos años y tres meses; se comunicó en varias oportunidades, pero fue muy esporádicamente las veces que lo hizo, por esa razón la última vez que se comunicó conmigo fue el 31 de diciembre de 2020 cuando me indicó que él estaría aproximadamente aquí en Caracas para los últimos de enero, desde esa fecha yo no he sabido absolutamente nada de él. Yo mantenía contacto con un chico que me daba razón de él, su nombre es William Gamboa, pero él tampoco me responde, él me decía cómo se encontraba, cómo estaba. Henry nunca me dijo que tuviera ningún problema, porque en verdad él era un muchacho que tenía muchas amistades”, relató Nora Linares, hermana de Henry Linares, desaparecido en las minas de Sierra de Imataca, ubicada entre los estados Bolívar y Delta Amacuro.
En las acciones criminales, de acuerdo con testimonios de familiares de las víctimas, en ocasiones también participan indígenas que han sido reclutados por bandas delictivas o grupos armados irregulares: “El sábado 8 de mayo del año en curso, a las 9 de la mañana, salieron de la mina, ellos tenían como destino el pueblo de Guarataro, se trasladaban en una moto los tres. Para nadie es un secreto todas las situaciones irregulares que han estado ocurriendo en ese sector, específicamente en la segunda alcabala a cargo de los indígenas de la etnia Jivi comandada por un ‘indio’ que se hace llamar Cabo Soto. Nosotros como familiares hemos acudido a la Guardia Nacional, al Ejército y a la policía a formular la denuncia con respecto a la desaparición de nuestros familiares y ellos no nos han dado respuesta y tampoco han activado su búsqueda, por eso hemos optado por investigar nosotros mismos. La gente del puente La Urbana afirma que ellos tres al llegar a la segunda alcabala a cargo de ese indígena Cabo Soto desaparecieron. Nosotros queremos saber el paradero de nuestra familia y exigimos a los organismos competentes darnos respuesta; incluso la moto la han visto en esa alcabala según habitantes del lugar”, afirmó a FundaRedes María Greseida Medina Guerra, cónyuge de Dionisio Guzmán.
GUERRILLA Y SILENCIO DEL ESTADO VENEZOLANO
Estos hechos también han sido investigados y documentados por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). En su Informe Anual de Violencia 2021 señala: “La proliferación de grupos armados, así como el aumento de la militarización, se ha traducido en un crecimiento de los índices de violencia en el estado de Bolívar, en particular en los municipios de Sifontes, Roscio y El Callao, donde se ubican los principales yacimientos auríferos del Arco Minero. El crecimiento de la violencia en el estado de Bolívar desde 2016 y 2017 está directamente relacionado con las disputas entre grupos armados por el control sobre la actividad minera”.
En ese informe se precisa la identidad de algunos de los protagonistas de estas acciones de violencia: “El ELN ha estado presente en territorio venezolano desde, por lo menos, 1970. Expandió su presencia después del acuerdo con el gobierno colombiano en 2016. Según la organización InSight Crime, el ELN opera en Venezuela con estrechos vínculos con oficiales del gobierno. Según varias fuentes, el ELN llegó a acuerdos con autoridades estatales venezolanas para controlar recursos mineros. En el año 2018, el ELN tenía presencia en al menos 12 estados del país. Sin embargo, el gobierno venezolano siempre ha negado oficialmente la presencia del ELN dentro de su territorio”.
DAÑO AMBIENTAL
El estado Bolívar también es un territorio donde la deforestación y la contaminación por mercurio en el agua proveniente de la minería ilegal están acabando con importantes afluentes como los ríos Icabarú, Paragua y el majestuoso Caroní, pues la explotación indiscriminada de riquezas minerales causa daños irreversibles a la naturaleza y al hombre. FundaRedes ha denunciado ante los órganos del Estado venezolano la destrucción de 1.200 hectáreas de selva virgen que pone en riesgo a diversas especies animales y obliga al desplazamiento de personas.
En ese contexto, el Arco Minero del Orinoco sufre un ecocidio que abarca cada vez más territorio, además es escenario de las más variadas formas de violencia criminal: asesinatos, desaparición forzada de personas y disputas por el control de los aproximadamente 2.000 focos mineros existentes; la muerte, la pobreza y la destrucción de estas tierras es lo que presencian continuamente las poblaciones indígenas quienes están bajo el control del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Un trabajo de investigación periodística publicado en el diario español El País a inicios de 2022 revelaba, con apoyo en imágenes satelitales y acuciosas mediciones, que la deforestación en la zona minera del sur del país es tan enorme que abarca el equivalente a 4.000 canchas de fútbol.
Otra aproximación al grave problema ambiental en el Arco Minero la aportó el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), que en un informe reciente de junio de 2022 precisa que las áreas protegidas más impactadas de esta vasta zona presentaron más de 22.000 hectáreas de deforestación dentro de los parques nacionales Caura, Canaima y Yapacana.
A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS
FundaRedes, a través de su equipo de activistas en las regiones, ha recibido denuncias de personas víctimas de desaparición forzada en los municipios El Callao y Sucre, además de Sifontes, en el estado Bolívar, y en el municipio Atabapo de Amazonas, donde está ubicado el Parque Nacional Cerro Yapacana, que siendo reservorio de fauna silvestre y protegido por leyes ambientales, concentra una gran cantidad de minas ilegales que destruyen este pulmón vegetal y la fauna en peligro de extinción.
Estas denuncias han sido presentadas ante el Ministerio Público y organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unida para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 26 de abril de 2021 FundaRedes acudió al Ministerio Público para solicitar una investigación ante la denuncia interpuesta por Alejandro José Díaz Sánchez, habitante del estado Bolívar, quien denunció que perdió comunicación con seis integrantes de su familia que trabajaban en las minas de Payapar.
El 25 de mayo de 2021, la organización denunció ante el Ministerio Público de Ciudad Bolívar la desaparición de Dionisio Guzmán y los hermanos Jhon Jairo y Yahir Castellanos en la mina “El Kino”.
El 1° de junio de 2021 FundaRedes denunció la desaparición de Henry Linares en las minas de la Sierra de Imataca.
El 9 de septiembre de 2022 se interpuso una denuncia en la Defensoría del Pueblo del estado Táchira, con nota de remisión a la Oficina Nacional de la Defensoría del Pueblo, sobre las vulneraciones a los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco, al igual que la presencia de grupos armados irregulares y la minería ilegal. Las denuncias están sustentadas por las declaraciones de los afectados y familiares y pruebas testimoniales, gráficas y otros materiales recabados por los involucrados y el equipo de activistas de FundaRedes. Cada vez son más quienes pierden el temor, motivados por el dolor de la desaparición de sus familiares. Sus testimonios permiten determinar la complejidad de la situación que lesiona los derechos de las personas en esos territorios. Sin embargo, estas denuncias no han recibido respuesta de las instancias nacionales, por ende, no se han adelantado investigaciones que permitan a los familiares conocer qué ocurrió con sus parientes.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su preámbulo:
“El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores… ; …con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad”.
La omisión del Estado venezolano en su deber de protección del reservorio natural que representa la Amazonía convierte en letra muerta lo establecido en la Constitución de la República desde su preámbulo y en sus artículos 119, 120, 123, 127, 128, 129, así como en la legislación nacional vigente en materia ambiental y de protección a los pueblos indígenas.
Además, vulnera lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como la reciente resolución aprobada por la ONU en julio de 2022 que declaró el medio ambiente saludable como un derecho humano y también incumple tratados y convenios internacionales suscritos para la protección del medio ambiente.
Esto trae como consecuencia que el Arco Minero del Orinoco haya dejado de ser una zona de reserva natural de fauna y flora, bosques tropicales y de recursos energéticos y mineros para ser un territorio sin ley donde operan los intereses económicos y políticos de grupos armados irregulares, militares y policiales que han desatado una guerra contra la población indefensa, esclavizando a civiles, de manera especial a indígenas, y explotando la tierra de una manera indiscriminada y en progresiva y continua violación de los derechos humanos en este territorio.
Epígrafes
«FundaRedes ha registrado 26 personas desaparecidas en las minas de Bolívar desde 2019»
«El crecimiento de la violencia en Bolívar está directamente relacionado con las disputas entre grupos armados por el control de la actividad minera»
«18 personas desaparecieron en el municipio Sifontes del estado Bolívar, que alberga gran cantidad de minas»
Enlace del boletín en la web: https://www.fundaredes.org/2022/11/06/boletin42-venezolanos-victimas-de-desaparicion-forzada-en-minas-d-estado-bolivar-son-invisibles-para-el-estado-venezolano/
Enlace del vídeo de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=oAYYxk_vRag