El año 2024 cerró con una cifra que estremece: 185 mujeres asesinadas en Venezuela por razones de género, según el monitoreo de la ONG Utopix. Cada 47 horas, una mujer fue víctima de un femicidio consumado, y cada 41 horas otra sobrevivió a un intento. Aunque el número representa una leve disminución respecto a 2023, Aimee Zambrano, coordinadora de investigación de la organización, advierte: “Esto no es un triunfo. Es el reflejo de un subregistro que crece junto a la censura estatal. Muchos crímenes quedan en la sombra, especialmente en zonas rurales o donde el miedo paraliza a las familias”.

Los primeros meses del año marcaron un ritmo aterrador: enero registró 23 femicidios, y abril sumó 19 más, con casos como el de Yulimar Rivas (32 años), madre de tres hijos, quemada viva por su expareja en Anzoátegui. La violencia no discriminó edades: nueve niñas menores de 11 años fueron asesinadas, entre ellas una bebé de ocho meses en Barinas, ahogada por su padre durante un acceso de celos. “Estos crímenes revelan una sociedad que naturaliza la posesión sobre los cuerpos de las mujeres, incluso desde la infancia”, sentencia Zambrano.

La mayoría de los femicidas no eran desconocidos. El 46% de los crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas, y un 7,6% por familiares directos, según los datos recopilados. En diciembre, el caso de Rosaura Paiva (54 años) conmocionó a Caracas: su hijo de 26 años la golpeó hasta la muerte tras años de maltratos. “Este no es un caso aislado. La violencia intrafamiliar es el caldo de cultivo de los femicidios, pero el Estado no actúa hasta que hay un cadáver”, denuncia Zambrano.

Los métodos usados revelan saña: asfixia mecánica (32 casos), armas de fuego (29) y objetos contundentes (18). En Zulia, María Gómez (45 años) fue degollada con un machete; en Mérida, Gabriela Torres (19 años) recibió 17 puñaladas. La impunidad corona estos crímenes: solo seis de cada 14 agresores identificados estaban detenidos al cierre del año. Cuatro optaron por el suicidio, y otros tantos permanecen en fuga. “La justicia llega tarde o nunca. Muchas familias prefieren no denunciar porque saben que el sistema los revictimizará”, explica la investigadora.