
Familiares de presos políticos
Comité de familiares protestó frente a la sede de la Defensoría del Pueblo
Familiares de presos políticos en Venezuela pidieron a la Defensoría del Pueblo tener acceso a sus parientes, a quienes no les permiten recibir visitas, según denunciaron este martes 11 de febrero.
Andreína De Grazia, hija del dirigente opositor Américo de Grazia, detenido el 7 de agosto de 2024, denunció que no ha tenido contacto con su padre desde entonces, por lo que desconoce su estado de salud.
«Estamos exigiendo que, por favor, nos permitan, por lo menos, su visita para verificar (su salud) y tener contacto directo con él», manifestó De Grazia, cuyo padre está acusado de los presuntos delitos de «instigación al odio e incitación a la rebelión».
En «la misma condición» se encuentran los opositores Freddy Superlano, Biagio Pilieri, Perkins Rocha, Roland Carreño, Alfredo Díaz y «muchos más», añadió la hija del opositor detenido
«Estamos aquí alzando la voz para que se haga justicia y la libertad inmediata, porque ellos son inocentes», agregó De Grazia, quien entregó, junto a los parientes de otros detenidos, un documento en la sede de la Defensoría en Caracas.
A su lado, Carol Figueredo, esposa de Pedro Guanipa, aseguró que el opositor permanece detenido desde hace 138 días y que se le ha «negado todo derecho fundamental que debería tener cualquier persona».
Por su parte, Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel -quien murió en 2021 en la cárcel, tras 12 años detenido-, denunció un «patrón de aislamiento e incomunicación» al que son «sometidos» los «presos políticos».
Baduel manifestó que desde hace 16 días no tiene «ningún tipo de información» sobre su hermano Josnars Adolfo Baduel, recluido en la cárcel Rodeo I en el estado Miranda, lugar que ella califica como «un centro de torturas».
«Exijo el cese de los tratos crueles a los presos políticos y a sus familias», expresó Baduel.
A su turno, Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, detenido el 30 de julio del año pasado, pidió que se garanticen los derechos fundamentales de los «presos políticos».
«No sé si es que mi esposo está siendo torturado físicamente y por eso es no me dejan verlo», dijo Silva, quien reiteró que Superlano «no ha cometido ningún delito», como tampoco «todos los que se encuentran en el Helicoide», la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Fuente: efectococuyo.com