Migrantes describen la situación como una pesadilla o de terror

A partir de las 11:59 p.m. de este viernes 7 de noviembre, cerca de 600.000 venezolanos que residen en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), de la designación de 2021, pasarán a ser indocumentados de manera instantánea.

Esta medida, impulsada por la administración del presidente Donald Trump y confirmada por fallos de la Corte Suprema, ha sido calificada por expertos y activistas como la mayor «ilegalización» colectiva de inmigrantes en la historia del país.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que Venezuela ya no cumple con las condiciones para mantener el TPS, argumentando mejoras en áreas como la economía y la seguridad, a pesar de las evidencias de una crisis humanitaria persistente bajo el régimen de Nicolás Maduro.

La terminación afecta principalmente a los beneficiarios de la designación de 2021, mientras que un pequeño grupo de unos 5.000 que se reinscribieron oportunamente conservarán permisos de trabajo hasta octubre de 2026, gracias a órdenes judiciales previas.

Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus y una de las voces más prominentes en la defensa de esta comunidad, describe el impacto como devastador.

«Los casos relacionados con la salud son los más dolorosos», dijo en entrevista con Univisión, en la que relata el drama de un hombre de 50 años que perdió su lugar en la lista de trasplante de pulmón al quedarse sin seguro médico. «Otro que requiere diálisis; un niño con cáncer; y una madre de mellizos en Texas cuyo mayor temor es ser detenida por ICE en el hospital, dejando a su bebé sobreviviente solo en terapia intensiva», agregó.

Ferro también menciona autodeportaciones voluntarias de venezolanos que abandonan sus autos en aeropuertos para regresar; niños que pierden becas, deportistas que abandonan entrenamientos por miedo, y empresarios que cierran negocios al no saber cómo manejar la pérdida de estatus. «Un ingeniero en Texas fue detenido recientemente pese a presentar su permiso de trabajo, ya que su TPS había expirado», añadió.

Población expuesta sin TPS

El abogado migratorio Haim Vásquez explica que, sin TPS, los afectados pierden protección contra deportaciones, autorización de empleo, licencias de conducir y acceso a beneficios como seguros de salud o créditos educativos.

«Quedan expuestos inmediatamente a procesos de deportación», advierte, aunque enfatiza que hay incertidumbre y opciones limitadas, como solicitar asilo (complicado por criterios más estrictos) o visas humanitarias.

Muchos temen retornar a Venezuela por persecución política o inseguridad. «Volver significaría desaparecer a manos del régimen», dice Ferro. Algunos optan por la autodeportación incentivada con US$1.000 del gobierno, pero Vásquez recomienda consultar abogados para no perjudicar futuras reaplicaciones.

En redes sociales, la comunidad expresa pánico: «Una situación de terror», resume un post viral. Activistas como Ferro insisten en que esto trasciende un documento.

«Se trata de vidas, familias arrancadas de manera brutal», agregó en la entrevista.

Litigios pendientes podrían extender protecciones para algunos, pero el reloj corre. Organizaciones llaman a la solidaridad y presionan al Congreso por soluciones permanentes. Para miles, este 7 de noviembre marca el fin de un refugio temporal y el inicio de una pesadilla indefinida.

Con información de Univisión, CNN y El País