Este sábado, 3 de enero de 2026, el Gobierno nacional instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta para coordinar el seguimiento, análisis y respuesta institucional frente a la coyuntura regional derivada de los recientes acontecimientos en Venezuela.

La medida busca articular acciones en materia migratoria, humanitaria, de seguridad, salud pública, paz y diplomacia, ante un posible impacto directo en la zona de frontera.

En materia migratoria, el Ejecutivo advirtió sobre desafíos específicos, especialmente en salud pública, por lo que decretó la alerta amarilla para la red hospitalaria de la región fronteriza.

El Ministerio de Salud hizo un llamado a las EPS para que cumplan con sus obligaciones financieras y contribuyan a estabilizar el flujo de recursos hacia los hospitales. Recordó, además, que a finales de diciembre se giraron más de $600.000 millones a la red de servicios, lo que permite una disponibilidad complementaria de recursos.

Las autoridades reiteraron que la garantía del derecho fundamental a la salud aplica para todas las personas residentes en el país, sin discriminación, y destacaron que los municipios de frontera cuentan con equipos básicos de atención. De manera paralela, se activó una herramienta tecnológica de Registro Migratorio que permite monitorear en tiempo real el flujo de personas y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.

Respuesta humanitaria y protección a la niñez

El PMU también abordó los desafíos humanitarios que podría generar la crisis. El Gobierno señaló la necesidad de intensificar acciones de solidaridad con la población venezolana, enfocadas en el acceso a alimentos, salud y educación, así como en la prevención de la xenofobia y la discriminación. En este frente, se destacaron los convenios vigentes entre el Programa Mundial de Alimentos y el ICBF.

La protección integral de niñas, niños y adolescentes fue señalada como una prioridad, con tres acuerdos de cooperación activos en Arauca, La Guajira y Norte de Santander, orientados a garantizar derechos fundamentales y atención a la población más vulnerable.

Seguridad y presencia militar en la frontera

En el componente de seguridad, se reconoció la alta complejidad de una frontera de más de 2.200 kilómetros, en la que actualmente hay más de 30.000 efectivos de la Fuerza Pública, con especial atención en la región del Catatumbo. Las autoridades alertaron sobre el riesgo que representan organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua y el Eln, en un contexto marcado por economías ilegales y vulnerabilidades históricas.

Las Fuerzas Armadas se mantienen en primer grado de alistamiento, con el objetivo de atender cualquier eventualidad y garantizar la soberanía, la defensa y la integridad territorial.

Fuente: laopinion.com