“No se reconoce a las víctimas de la represión, a las que se les sigue catalogando como delincuentes”, dijo experta de la Misión

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que la implementación de la Ley de Amnistía en el país es “positiva”, pero criticó que este instrumento legal “no reconoce la responsabilidad del Estado por las violaciones de los derechos humanos”.

En la presentación este jueves 12 de marzo de una actualización oral de la situación de derechos humanos en el país, que abarca desde septiembre de 2025, desde la ciudad de Ginebra la Misión señaló que el instrumento, que según cifras del gobierno interino de Delcy Rodríguez ha otorgado más de 247 libertades de presos políticos, fue adoptado en un plazo acelerado y no contempla procesos transparentes e integrales.

“No se reconoce a las víctimas de la represión a las que se les sigue catalogando como delincuentes”, dijo María Eloisa Quintero, representante de la Misión, quien estuvo acompañada por su par Alex Nave.

La abogada y experta en derecho internacional señaló que la Ley de Amnistía aprobada por mayoría parlamentaria tiene un alcance restrictivo y que limita los delitos. También recalcó que excluye a un gran número de personas detenidas, como por ejemplo militares y civiles que han sido señalados por el gobierno de participar en actos de rebelión y similares, a quienes se les acusa de delitos que generalmente son usados por las autoridades para detenerlos, a pesar de no haber pruebas.

“Reiteramos el llamado para que todas las personas detenidas sean liberadas. No se requiere de esta Ley (de amnistía) para excarcelar a quien ha sido privado de libertad ilegítimamente”, apuntó Quintero durante su intervención.

La Misión también cuestionó la falta de información oficial sobre los datos de personas excarceladas y de presos políticos. “Las cifras no pueden ser corroboradas”, señaló Quintero.

El organismo recalcó que durante este periodo se evidencia una continuidad de patrones de violaciones de derechos humanos y que desde septiembre a diciembre de 2025 se documentaron 135 detenciones arbitrarias en las que hubo la aplicación de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La Misión señaló que un tercio de las personas detenidas eran familiares de quienes eran buscados por las autoridades, entre ellos 8 niños.

Durante este periodo de investigación, el organismo registró tres muertes bajo custodia del Estado y que estos decesos pudieran derivarse de condiciones de salud que no fueron atendidas en los centros de reclusión.

Siguen las violaciones de DD. HH.

La Misión informó que desde el 3 de enero de 2026, cuando se produjeron los ataques militares estadounidenses, continúan recibiendo denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos en el país.

El organismo de la ONU indicó que al menos 87 personas fueron detenidas después del 3 de enero de 2026, entre ellas 14 periodistas o trabajadores de la prensa que se dispusieron a informar sobre la toma de posesión de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Quintero indicó que 27 personas fueron arrestadas por supuestamente celebrar la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, por parte del gobierno estadounidense y que de esos detenidos al menos 15 eran adolescentes.

La Misión también destacó en su actualización oral el caso de 30 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que presuntamente fueron arrestados luego de que estos se negaran a “falsear” la evidencia del ataque del 3 de enero. Cabe destacar que el director de la policía científica, Douglas Rico, calificó de “fake news” esta información que circuló en algunos medios de comunicación y en redes sociales.

Quintero señaló que los colectivos armados continúan operando en Venezuela.

Fuente: efectococuyo.com