Familiares de presos políticos del estado Táchira, entre ellos militares, entregaron este jueves un documento a la Defensora del Pueblo Celeste Buitrago, para solicitarle la verificación del estado de salud de los privados de libertad, como una garantía de sus Derechos Humanos.

Estos familiares, exigen se les visite en sus respectivos centros de reclusión, y se les hagan chequeos médicos, alegan que algunos de ellos jamás lo han recibido.

El vocero de los familiares, abogado José Caraballo, señaló al salir de la sede del organismo, que la entidad tiene al menos 43 privados de libertad por razones políticas o presos de conciencia, tanto en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) como en el Comando de la Guardia Nacional, a quienes el Estado tiene la obligación de garantizarle la salud, sus cuidados respectivos y todos sus derechos humanos.

«Quiero acotar que según la norma internacional, los presos de conciencia no deberían estar en las mismas instalaciones del resto de los privados de libertad», mencionó Caraballo.

Recalcó que es conocido que la Defensoría no interviene en el proceso porque esa es una función propia de los Tribunales; pero sí puede verificar que el proceso se cumpla según las garantías que establece la Constitución y la Ley.

El abogado añadió que se le solicitó a la Defensoría que ejecute estas acciones en beneficio de estos familiares, a quienes por estas causas les ha mermado su patrimonio económico, y quienes se han visto afectados en su salud mental y emocional. Reporte Tathiana Ortiz.