Gremio licorero exige reformar leyes de 1985 para frenar la asfixia del sector

Gremio licorero exige reformar leyes de 1985 para frenar la asfixia del sector

Durante el Primer Encuentro Nacional de Licoreros celebrado en San Cristóbal, Johnson Delgado, presidente de la Federación Venezolana de Licoreros y Afines (FEVELIF) y de la Cámara Licorera del Estado Táchira (CALITA), anunció una serie de peticiones críticas dirigidas al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional para rescatar la estabilidad del sector. Acompañado por representantes de Consecomercio, Fedecámaras Táchira y diversas cámaras estadales, Delgado calificó como «anacrónica» la actual Ley Nacional de Especies Alcohólicas, la cual data de 1985 y no responde a las necesidades económicas del presente.

En este sentido, el gremio presentará una propuesta de reforma para crear un marco legal moderno que permita el desarrollo de la actividad en el contexto actual del país.

Asimismo, el dirigente gremial expresó su preocupación por la aplicación de la Ley de Armonización Tributaria, señalando que, a pesar de su propósito original de ordenar los tributos municipales, ha caído en la improvisación y está afectando severamente a los comerciantes.

Delgado también hizo un llamado directo a las empresas cerveceras para que eliminen los denominados «planes tácticos», argumentando que estos otorgan descuentos excesivos a un grupo reducido de establecimientos, lo que impide que los pequeños licoreros puedan competir en igualdad de condiciones.

Finalmente, el vocero de FEVELIF denunció el impacto devastador del contrabando y la informalidad en estados fronterizos como Táchira, Zulia y Falcón. Criticó que el control estatal sobre el ingreso ilegal de productos como licores, refrescos y agua mineral ha sido insuficiente, pidiendo una verdadera «mano de hierro» en lugar de una «mano de seda» frente al contrabando hormiguita.

Además, instó al Ministerio de Relaciones Interiores a revisar el otorgamiento de licencias, alertando que la proliferación desmedida de expendios en algunos municipios supera incluso el número de instituciones educativas, lo que desvirtúa la naturaleza del mercado formal que sí cumple con sus compromisos tributarios.