
Madres de presos políticos proponen ley de amnistía
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad presentó este martes 27 de enero, en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), una propuesta de Ley de Amnistía orientada a la liberación plena de las personas perseguidas, procesadas o encarceladas por motivos políticos desde febrero de 2014, así como a la restitución integral de sus derechos civiles y políticos.
El Comité de Madres acompaña actualmente más de un centenar de casos de jóvenes, en su mayoría detenidos arbitrariamente durante la escalada represiva que siguió a las elecciones presidenciales de 2024. Las voceras del Comité hicieron especial énfasis en la situación de 37 jóvenes que aún permanecen privados de libertad de forma arbitraria en el centro penitenciario del estado Aragua, conocido como Tocorón. Asimismo, denunciaron tres casos de jóvenes recluidos en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana en Punto Fijo, estado Falcón.
El codirector del colectivo de Derechos Humanos Surgentes, Antonio González, declaró que “Amnistía es el nombre que tiene hoy en Venezuela la posibilidad de subir la escalera de recuperar la democracia; es la posibilidad de un país que aprenda a vivir nuevamente sin miedo; es la posibilidad de recuperar la justicia” y agregó que es por eso que “esa palabra está generando tanto consenso en personas que piensan distinto y en sectores políticos que hasta poco tenían diferencias muy importantes”.
De acuerdo al comité, esta iniciativa de 12 artículos surge “de una percepción generalizada de haber cruzado un umbral intolerable de dolores y violencias”, acumuladas a lo largo de más de una década de conflicto político procesado —afirmaron— fuera de los márgenes constitucionales.
Los familiares solicitaron públicamente al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez una audiencia para presentar el proyecto de ley que está disponible en el sitio web https://www.juntosporlaamnistia.org.
De acuerdo al comité, esta iniciativa de 12 artículos surge “de una percepción generalizada de haber cruzado un umbral intolerable de dolores y violencias”, acumuladas a lo largo de más de una década de conflicto político procesado —afirmaron— fuera de los márgenes constitucionales.
Los familiares solicitaron públicamente al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez una audiencia para presentar el proyecto de ley que está disponible en el sitio web https://www.juntosporlaamnistia.org
Entre los beneficiarios potenciales se incluyen trabajadores, dirigentes sindicales, luchadores sociales, periodistas, activistas políticos, defensores de derechos humanos, integrantes de comités de víctimas, militares y personas detenidas o perseguidas en el contexto de las movilizaciones posteriores a las elecciones del 28 de julio de 2024, muchas de ellas imputadas por delitos como terrorismo, incitación al odio, conspiración o traición a la patria.
Libertad inmediata y extinción de causas
El articulado establece la extinción de pleno derecho de todas las acciones penales, administrativas, judiciales y disciplinarias derivadas de los hechos amnistiados, así como la nulidad de confiscaciones, la restitución de pasaportes, el levantamiento de prohibiciones de salida del país y la eliminación de antecedentes penales. La libertad de las personas privadas de libertad sería inmediata, y cualquier retraso acarrearía responsabilidad civil y administrativa para los funcionarios involucrados.
Asimismo, la propuesta consagra el principio de non bis in idem, impidiendo que las personas amnistiadas puedan ser nuevamente investigadas o juzgadas por los mismos hechos.
Exclusiones y estándares de derechos humanos
Uno de los ejes centrales del proyecto es la exclusión expresa de los delitos de lesa humanidad y de las graves violaciones a los derechos humanos, conforme al artículo 29 constitucional. Quedan fuera de la amnistía los responsables de ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles e inhumanos, desapariciones forzadas y homicidios políticos, individuales o colectivos. El texto también deja claro que el cumplimiento de órdenes superiores no podrá alegarse para solicitar el beneficio