
PCV: Ni tutelaje imperialista ni continuismo autoritario
El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) ─Electo por el XVI Congreso Nacional, Nov.2022─ reitera su más firme y categórica condena a los criminales bombardeos ejecutados por fuerzas militares de los Estados Unidos sobre la ciudad de Caracas y otras localidades del país durante la madrugada del 3 de enero, acción que constituye una grave agresión contra la soberanía nacional y una flagrante violación del derecho internacional.
El PCV rechaza la violenta e ilegal detención de los ciudadanos Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores, realizada en el marco de esta intervención militar extranjera. Estados Unidos actúa una vez más como gendarme del mundo, aplicando de manera extraterritorial sus leyes y desconociendo abiertamente los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y no injerencia. Las leyes estadounidenses no tienen jurisdicción en Venezuela, y ninguna potencia extranjera está facultada para imponer su voluntad por la fuerza de las armas.
Esta posición no implica, bajo ninguna circunstancia, defensa política alguna de la administración autoritaria, antidemocrática, antiobrera y antipopular de Nicolás Maduro, quien ejercía de facto la Presidencia de la República. Maduro y la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han sido responsables de graves violaciones a la Constitución, a las leyes y a los derechos políticos, laborales y sociales del pueblo trabajador, creando condiciones favorables para los planes imperialistas de asedio y agresión contra el país.
Han transcurrido tres días desde la agresión militar del gobierno de Donald Trump y hasta el momento las autoridades venezolanas no han presentado un reporte oficial sobre las víctimas civiles y militares; los daños materiales ocasionados por los bombardeos y mucho menos una explicación sobre la incapacidad de las fuerzas de seguridad para detectar y responder a una agresión militar extranjera. Este silencio no solo es inaceptable, sino sospechoso. El país tiene derecho a conocer la verdad sobre las consecuencias de esta acción bélica.
Sin tapujos, Donald Trump ha confirmado que la supuesta “lucha contra el narcotráfico” no era más que una vulgar coartada para encubrir sus verdaderos objetivos: el control del petróleo y de los recursos estratégicos venezolanos. Sus declaraciones, en las que afirma que gobernará Venezuela y se encargará de administrar los recursos petroleros, confirman el carácter abiertamente neocolonial y depredador de esta intervención.
El hecho de que la administración de Trump haya hecho públicas sus exigencias a las nuevas autoridades venezolanas —entre ellas, el acceso privilegiado de las compañías estadounidenses a los recursos petroleros del país, así como la prohibición de vender crudo y la ruptura de relaciones con naciones que dicha administración califica como enemigas de los intereses de Estados Unidos— confirma que el conflicto que hoy padecen los venezolanos forma parte de la feroz disputa entre las potencias imperialistas y las naciones capitalistas en ascenso por el control de mercados, materias primas, rutas comerciales y áreas de influencia, en el marco de una agudización de la crisis estructural del capitalismo a escala mundial.
Los hechos también ratifican lo que el PCV ha denunciado reiteradamente: la cúpula del PSUV negociaba a espaldas del país con Washington, mientras el pueblo venezolano se sumía en una aguda crisis política, económica y social. Prueba de ello son los llamados a la “cooperación” y al “desarrollo compartido” realizados por Delcy Rodríguez frente a las amenazas e imposiciones de la potencia imperialista.
No debe perderse de vista, además, que esta operación militar fue impulsada de manera irresponsable por el sector más reaccionario de la oposición, encabezado por María Corina Machado, hoy desplazada por sus propios aliados, quienes han dejado en evidencia que ni la democracia ni los derechos humanos guían su accionar, sino que sus verdaderas ambiciones se concentran en el control y la apropiación de la industria energética venezolana, aun cuando eso signifique mantener la continuidad del actual régimen como su brazo ejecutor.
La injerencia militar estadounidense, aunque alentada por sectores internos, no contribuye a superar la crisis nacional; por el contrario, la agrava. Las condiciones de vida del pueblo venezolano continúan deteriorándose, mientras la élite gobernante no adopta medida alguna orientada a recuperar los derechos y la dignidad de la clase trabajadora.
Advertimos además sobre las peligrosas implicaciones del reciente decreto de excepción, que puede convertirse en un instrumento de represión en manos de actores que han sostenido su hegemonía mediante el terror, luego de haber perdido respaldo popular.
El PCV insiste en la necesidad impostergable de construir una salida política de carácter popular, constitucional, democrática y soberana a la crisis. Ni la ocupación ni el tutelaje imperialista, como tampoco la continuidad del régimen autoritario, constituyen soluciones favorables para el pueblo trabajador.
Que todas las personas detenidas arbitrariamente tras la proclamación írrita de Nicolás Maduro como presidente sean liberadas de manera inmediata, incluido Enrique Márquez, secuestrado desde hace un año por exigir la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales, así como todos los activistas encarcelados por luchar y defender los derechos constitucionales del pueblo venezolano.
Los salarios y las pensiones deben ser rescatados del foso en el que los ha hundido el programa neoliberal del PSUV. La dignidad de las familias trabajadoras venezolanas depende de ello.
La salida a la peligrosa crisis actual y la amenaza real de una escalada militar imperialista, pasa por poner fin al régimen autoritario y restituir el hilo constitucional mediante el restablecimiento de las libertades democráticas, la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales, con plenas garantías para la ciudadanía y las organizaciones políticas. Para ello, las actuales autoridades del CNE deben renunciar y los partidos políticos ─entre ellos el PCV─ deben recuperar su personalidad jurídica.
La lucha por la restitución de la Constitución y del Estado de derecho convoca a todas las fuerzas revolucionarias, populares y genuinamente democráticas del país.
Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela
Caracas, 6 de enero de 2026