Ante la CPI y la CIDH denunciarán familias tachirenses al presidente Nayib Bukele y autoridades de El Salvador
Ante la CPI y la CIDH denunciarán familias tachirenses al presidente Nayib Bukele y autoridades de El Salvado
Familiares de 10 migrantes tachirenses detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, apoyados por la Fundación El Amparo Internacional,
acudirán a la Corte Penal Internacional (CPI), y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la violación de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese Centro.
El presidente de la Fundación El Amparo Internacional y defensor de derechos humanos, Walter Márquez, recordó que luego de viajar junto con representantes del Comité de Defensa de los Tachirenses Migrantes hasta El Salvador, se les negó el derecho a la visita, por ende, no pudieron conocer su estado físico, de salud y su situación judicial. «Esto comprueba que no hay expedientes en su contra», dijo.
Aseveró Márquez que recurrirá ante la Fiscalía de la CPI y a la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, donde denunciarán al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, así como a la cadena de mando responsable de los crímenes de lesa humanidad, de encarcelación grave, de persecución por razones nacionales, tratos inhumanos, tortura y el exterminio por las condiciones a las cuales están sometidos.
Señaló que a través de la Nunciatura Apostólica solicitaron que el Papa León XIV intervenga por ser descendiente de inmigrantes. “Fue inmigrante en Chiclayo en el norte del Perú y también Jesús y los apóstoles fueron inmigrantes.”, añadió.
También se reunieron con la Cruz Roja Internacional de manera reservada para pedir la intervención de ellos, conocer el estado de salud y las condiciones carcelarias de los detenidos. “Frente a todas estas circunstancias pudimos comprobar que están incomunicados, que no hay debido proceso, que algunos de ellos han sido torturados y golpeados y, que hay un limbo jurídico por cuanto de Estados Unidos se les deportó a partir de la Ley al Enemigo Extranjero, una ley extemporánea de 1798 y a otros se les procesó a través de normas migratorias que fueron incumplidas en los propios Estados Unidos por parte de la administración Trump”, manifestó Márquez.
Recordó el defensor de derechos humanos que jueces de Cortes Federales ordenaron la deportación de varios de ellos a Venezuela, no a El Salvador y menos su encarcelación, por lo que son detenciones arbitrarias y encarcelaciones graves conforme al Estatuto de Roma. “El acuerdo del gobierno de Trump con Bukele es una operación mercantil, comercial, de que los Estados Unidos le pagan una cantidad de dinero por cada preso. El contenido del acuerdo no se conoce, es secreto, es reservado, por lo tanto se vulneró la garantía constitucional de que los acuerdos en materia penitenciaria que se suscriban entre ambos países debe ser ratificado por la Asamblea Nacional de El Salvador, lo cual tampoco se hizo”, agregó.
