Derechos de las personas con discapacidad son vulnerados en la región andina

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Este mes de diciembre de 2019 se realizaron distintas actividades en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, para conmemorar el Día Internacional de las personas con Discapacidad, declarado en el año 1992 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Según Iderni Villalba, directora de la Fundación Loto Azul en el municipio Cardenal Quintero, estado Mérida 400 personas con necesidades especiales son excluidas del sistema educativo.
Villalba denunció que las personas con distintas discapacidades fueron evaluadas por un grupo de psicólogos del sistema de educación, quienes no aplicaron los procedimientos regulares y decidieron que no eran aptos para ser incluidos en las escuelas.
Según Milena Cárdenas, presidenta de la Fundación Una luz para el Autismo en el estado Táchira, los niños con Síndrome de Down, autismo y retardo mental son expulsados y maltratados por docentes en algunas escuelas del estado, y a pesar de las denuncias realizadas al Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y  Zona Educativa, no han obtenido ningún tipo de respuesta.
Además representantes de la Asociación Tachirense de Ciegos (Atcidev) y personas con discapacidad visual, denunciaron que las personas con todo tipo de discapacidad son constantemente maltratadas por los funcionarios de seguridad cuando llegan con su carnet a solicitar ayuda para abastecerse de gasolina y gas.
En el municipio Valera, estado Trujillo, miembros de la Asociación para las Personas con Discapacidad denunciaron que no cuentan con infraestructuras ni personal suficiente para atender a las alrededor de  894 personas que asisten a diferentes instituciones de atención en la localidad y que las autoridades no dan respuestas para mejorar esta situación.
El ODH-ULA hace un llamado al Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Zona Educativa para que se sensibilicen y dejen de ignorar las múltiples denuncias por incumplimiento de la Ley de Discapacidad y para que hagan respetar los derechos humanos de las personas con discapacidad. El derecho a la educación en aulas regulares o especiales es obligatorio, así como la formación de docentes y la incorporación de tutores para brindar la asistencia necesaria a las personas con discapacidades y seguir avanzando hacia la inclusión e igualdad tan como lo promueve la ONU.