FundaRedes junto a Médicos Unidos y Colegio de Enfermería exigen protección al personal de salud por COVID-19
Ante la Defensoría del Pueblo personal de salud del Táchira denunció las amenazas que han recibido por parte de autoridades nacionales, quienes les han dicho a los médicos que si renuncian a sus cargos en el Hospital Central de San Cristóbal durante la pandemia, serán puestos a órdenes de Fiscalía y obligados a incorporarse a sus funciones, situación que, sumada a la falta de equipos de protección, generan un ambiente que imposibilita la tarea de estos trabajadores asistenciales y vulnera sus derechos fundamentales.
La denuncia fue hecha en medio de una acción conjunta desarrollada con representantes de las organizaciones Médicos Unidos de Venezuela, FundaRedes y Colegio de Profesionales de Enfermería, acudieron ante el organismo para denunciar la falta de insumos, el déficit de personal y exigir la dotación de equipos de bioseguridad para las instituciones de salud, ya que actualmente los trabajadores prestan servicio en pésimas condiciones, expuestos al virus y con muy bajos sueldos.
Omar Vergel, director de Médicos Unidos de Venezuela en Táchira, informó que una vez más le exigen a la Defensoría del Pueblo que cumpla con sus funciones, y se garantice el derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos en general, pero también del personal asistencial que hoy está totalmente expuesto al COVID-19 por falta de equipos de bioseguridad.
Vergel dijo que la organización Médicos Unidos tiene un informe, donde se registran 20 trabajadores de la salud fallecidos por COVID-19 en medio de la atención de los pacientes positivos con el virus. En el Táchira, hay un caso positivo confirmado de un trabajador de la salud, y dos más en áreas de aislamiento con sospecha de tener la enfermedad.
Daniel Lizcano, presidente del Colegio de Enfermería del Táchira, detalló que existe un déficit alarmante de personal, en el caso del Hospital Centinela que es el Hospital Central de San Cristóbal, tiene solo 450 profesionales de enfermería, y debería tener según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud al menos 1.320 enfermeros.
Igualmente el representante del gremio de enfermería en el Táchira, dijo que exigen los equipos de protección personal para poder atender a los pacientes con COVID-19 con menos riesgos, pues se está violando la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo, y sus derechos fundamentales.
Recordó que el salario del personal de salud no les permite siquiera cubrir las necesidades básicas de sus familias, y tampoco tienen lo básico para movilizarse hasta sus centros de trabajo.
Por su parte Javier Tarazona, director general de FundaRedes, dijo que las condiciones en las que labora el personal de salud son dantescas, y por ello se le exige a la Defensoría del Pueblo que vele por la garantía de los insumos necesarios para respetar el derecho a la vida que hoy se vulnera de manera sistemática en hospitales y red ambulatoria, mientras la curva de casos positivos de coronavirus aumenta en el país.
“Uno de cada cinco fallecidos por COVID-19 en Venezuela es un trabajador del sector salud; más de 80% de los centros asistenciales no tienen dotación de tapabocas, alcohol, jabón ni antibacteriales, además de que no hay agua potable en estas instituciones”. Dijo Javier Tarazona quien advirtió que esto se suma a los salarios de hambre que tienen estos trabajadores, ya que deben caminar horas para llegar a sus lugares de trabajo.
En tal sentido los voceros de las tres organizaciones que acudieron a la Defensoría del Pueblo en Táchira, señalaron que si el Estado no tiene los recursos para garantizar el material de protección al personal de salud, debe acudir a organismos internacionales como Naciones Unidas y permitir que llegue ayuda humanitaria a Venezuela.
Luego de entregar el documento, la delegada de la Defensoría del Pueblo en Táchira, Celeste Buitrago, atendió a los asistentes y se comprometió públicamente a acudir a los centros asistenciales para buscar estrategias que permitan cubrir las necesidades y solicitudes del personal de salud para que sigan laborando en beneficio de todos los ciudadanos.
Prensa FundaRedes