En aras de la celebración de la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados y Migrantes venezolanos y sus países y comunidades de acogida, la cual se llevará a cabo el 16 y 17 de marzo, las organizaciones firmantes pretenden reflejar, a través del presente comunicado, la necesidad de dar una mirada ampliada a la respuesta ante las necesidades que sufren la población migrante y refugiada venezolana en los países de acogida. En este sentido, hacemos un llamado a los participantes de la Conferencia, a pensar en una respuesta que contemple los siguientes principios:
1. La respuesta de atención a la crisis de movilidad humana venezolana debe tener perspectiva de derechos y que estén en el centro de la acción. La acción y asistencia humanitarias deben partir de un enfoque en derechos humanos. La asistencia humanitaria debe ser más que una respuesta de financiamiento a los efectos de la crisis de movilidad y el impacto significativo en los países de acogida. Debe tomar en cuenta el contexto que originó la crisis y la importancia de garantizar la dignidad y los derechos humanos de las personas afectadas, con el fin último de construir una respuesta sostenible y duradera y que garantice el ejercicio de derechos.
De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, el número de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo alcanzó en febrero la cifra de 7.177.885 personas. Esta crisis de movilidad masiva, sin comparación en la historia reciente de nuestro hemisferio, responde al impacto que ocasiona en la población la emergencia humanitaria compleja que sigue atravesando Venezuela, impactando directamente en el libre ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población.
Así pues, partiendo de que el origen de la crisis de movilidad venezolana es la EHC, sería un despropósito concentrar las acciones para afrontarla solamente a la asistencia humanitaria a las personas migrantes y refugiadas, desconectándose de la realidad del país de origen. La persistencia de la crisis de movilidad es evidencia de que el enfoque meramente humanitario no ha sido suficiente, así como tampoco las medidas que han tomado los Estados para afrontarlo. Esta situación nos invita nuevamente a reflexionar sobre la necesidad de que las acciones a emprender involucren otros aspectos esenciales, que permitan dar una respuesta urgente, coordinada e integral a esta crisis.
También es necesario resaltar, que la crisis de refugiados y migrantes venezolanos no solo es una de las menos financiadas por la comunidad internacional, sino que, además, las políticas implementadas por los Estados receptores para enfrentarla se han visto empañadas por prácticas inadecuadas que violan los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Sólo una respuesta que considere tanto las causas como los efectos, que esté adecuadamente financiada y que tenga en el centro a los derechos humanos, contribuirá de manera efectiva y duradera a transformar la realidad de las personas afectadas por la EHC, incluidas las personas en movilidad.
2. Es necesario erradicar prácticas inadecuadas y sustituirlas por prácticas solidarias enmarcadas en el derecho de las personas refugiadas. Recientemente, frente las medidas de expulsión y retorno ilegal de las personas migrantes y refugiadas en virtud de las políticas como el “Título 42”, 94 organizaciones de sociedad civil de las Américas hicieron un llamado a los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá, instándoles a promover una gestión humana de la migración, garantizando derechos como el asilo, el principio de no devolución y creando vías migratorias complementarias más seguras y humanas. Reiteramos el llamado y la necesidad de estas buenas prácticas, de expresiones concretas de solidaridad, de asistencia, protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas migrantes y refugiadas.
3. Se deben garantizar los derechos a la identidad y a la participación de las personas venezolanas en movilidad. En la medida que el fenómeno migratorio venezolano evoluciona, se presentan nuevos retos en cuanto a la garantía del derecho de la identidad, específicamente en su esfera relacionada con el derecho a acceder a documentos de identificación. En el caso de las personas en movilidad, es particularmente importante la garantía del derecho a la identidad, en virtud de la condición de vulnerabilidad estructural que enfrentan las personas migrantes y refugiadas en los países de tránsito y acogida, siendo la documentación sobre su identidad un elemento fundamental para mitigar riesgos y acceder a derechos en contextos donde su seguridad, integridad y libre desenvolvimiento dependen estrechamente de que este derecho este garantizado.
Así mismo, la posibilidad de acceder a mecanismos de regularización migratoria está relacionada a la posesión de documentos de identidad. Esto a su vez está vinculado a la posibilidad de acceder a muchos otros derechos, como lo son el empleo formal, la salud, la educación y, dada la normativa electoral vigente en Venezuela, también es condición para ejercer el derecho al voto desde el extranjero. Es fundamental que la comunidad democrática internacional puede de forma coordinada promover, incentivar y proteger el derecho a la identidad y de participación política de la población migrante y refugiada venezolana.
Hemos constatado que existe un compromiso con la vía democrática entre los venezolanos y venezolanas migrantes y refugiados. Sin embargo, el Estado venezolano no garantiza los derechos a los ciudadanos que se encuentran en el exterior. Del total de venezolanos y venezolanas que se encuentran en el exterior solo 107.927 están inscritos en el registro electoral y por tanto podrían ejercer el derecho al voto en los países de acogida, entre tanto, el Estado mantiene el registro electoral cerrado para la inscripción o actualización de datos de los ciudadanos venezolanos en el exterior. Además, no existen canales de comunicación claros con los consulados, lo que dificulta la obtención de información y la realización de trámites, los cuales además son muy costosos. Todo este contexto imposibilita el pleno ejercicio de los derechos de la población migrante y refugiada venezolana.
En este sentido, insistimos en la necesidad por parte del Estado venezolano y de los países de acogida de establecer y facilitar mecanismos que permitan a los ciudadanos venezolanos en el exterior, contar con documentos de identidad, tener vías legales para la regularización migratoria, y ejercer su derecho a la participación política de forma segura, transparente y efectiva.
4. Los procesos organizativos de los venezolanos en el exterior deben ser tomados en cuenta en la elaboración de cualquier respuesta a la crisis de movilidad. Por último, es fundamental resaltar que la población migrante y refugiada que está organizada y activa, dando respuesta a las necesidades de sus connacionales vulnerables en múltiples ciudades alrededor del mundo. Los esfuerzos de miles de organizaciones de venezolanos han sido invisibilizados en los espacios más influyentes donde se gestan las respuestas a gran escala a esta crisis. Invitamos a que estas voces, líderes en sus comunidades y con gran experticia para compartir, sean escuchadas y reivindicadas en los planes de respuesta que pretendan ofrecer soluciones de atención, con perspectiva de derechos, y en las que la población atendida sea protagonista del proceso.
Firman,
Asociación Civil Openmujer
Asociación Civil por la Vida (ASOVIDA)
Asociación Civil Saber es Poder-AsoSaber
Asociación Civil Venezolanos en España
Asociación de venezolanos en Sincelejo
Asociación Venezolana de Mujeres
Asovenquin
Bandera Roja
Caleidoscopio Humano
Coalición por Venezuela
CAMPO
Casa venezolana Bélgica
Cátedra de la Paz/ Universidad de Los Andes
CECAVID
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)
Centro de Atención Integral Psicopedagógica Individual
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
CIIDER
Civilis Derechos Humanos
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira
Comisión ULA Mujer
Comité de Derechos Humanos de La Guajira
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
EPIKEIA Derechos Humanos
Fundación Aguaclara
Fundación Alianzas Solidarias
Fundación de lucha contra el cáncer de mama, FUNCAMAMA
Fundación Haciendo Panas
Fundación Manitas Amarillas
Fundación Nakama’s
Fundación para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres
Fundación Venezolanos en el Exterior
FundaRedes
Fundashon Venex Curacao
Globalizateradio
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello
Instituto Interamericano de Inteligencia Emocional
Laboratorio de Paz
Liga Merideña contra el SIDA
Médicos Unidos Venezuela
Movimiento Ciudadano Venezolanos En El Mundo
Movimiento ciudadano venezolanos en el Mundo (MCVM)
Movimiento Creando Ciudadanos (MOCRECI)
Observatorio de Derechos Humanos Universidad de Los Andes
Observatorio Global de Comunicación y Democracia OGCD
Observatorio Venezolano de DDHH de las Mujeres
Observatorio Venezolano de Prisiones
Odevida, Capítulo Venezuela
Ong Hombres por la equidad e igualdad
Organización de colaboradores para la asistencia social del migrante venezolano (OCASIVEN)
PACUHR
Prepara Familia
PROMEDEHUM
Red Comunitaria de Derechos y Ciudadanía
Red Juvenil Cultura de Paz y VIH
Red Nuevos Activistas por la Paz (RENUPAZ)
Redac Internacional
Redac
UIDH
Un Mundo Sin Mordaza
Unidos Sin Fronteras
Unión Afirmativa
VENAMERICA
Venezolanos del Área de la Bahía de San Francisco
Venezolanos en Barranquilla
Voto Joven
Women Riots
Women’s Link Worldwide
Personas:
Alberto Isaac Pérez Levy
Alberto Sotillo
Alejandro Alvarez
Alinis Aranguren
Ana Madero
Andrés Hoyos
Bella Cira Zuñiga
BLANCA MEDINA
Carlos Guerra García
Carmen González Coronel
Carmen Ramos
Christi Rangel Guerrero
Cristina Ciordia
Deborah Van Berkel
Deisis Andrade
Deixon Alberto Romero
Dich Souki Carrión
Diego Ponce de León
Elvia Elena Villafranca
Fernando Aranguren
Fernando Jiménez
Francisco José Ortiz Finol
Fray David Peralta
Gabriela Buada Blondell
Gina Caldera
Hisvet Fernández
Iraida Salazar
Isabel Araujo
Jhonny Castro
José Antonio Oropeza
José Roberto García Prieto Lemus
Juan Carlos Lugo Ramírez
Juan Pio Hernández
Lady Junek Vargas león
Liliana Ponce
Luis Augusto Colmenares
Luisa Rodríguez
María Gabriela Cuevas García
María Sarmiento
Maryuris Aguilar
Mayra Madriz
Norbelis vasquez
Ofelia Álvarez
Otibel Valero
Pedro Hernández
Pilin León
Rafael Valdes Daussa
Raíza Ortiz
Raiza Ramírez Pino
Rhainer José Lunar Rodríguez
Ricardo Pinza
Rigoberto Lobo Puentes
Roxana Vivas
Sara Yolanda Romero Jara
Tamara Adrián
Tibisay Elena Betancourt Parra
Victoria Capriles
Vilma Pérez
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Comunicaciones Centro de Justicia y Paz Cepaz
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