El rector de la Universidad de Los Andes (ULA), Mario Bonucci, desmintió categóricamente las afirmaciones del Gobierno nacional que señalan a las universidades de no enviar la información correspondiente para el pago de los beneficios laborales. Bonucci aclaró que la ULA, al igual que todas las casas de estudios superiores del país, cumple rigurosamente mes a mes con la entrega de la denominada «maqueta», un instrumento financiero detallado que recopila los datos básicos de profesores, empleados y obreros, incluyendo su antigüedad, dedicación, escalafón y carga familiar.

La autoridad universitaria enfatizó que las instituciones públicas no manejan la nómina salarial directamente, ya que todos los pagos se realizan de forma centralizada a través del Sistema Patria, por lo que intentan trasladarles una responsabilidad que no les compete.

A raíz de las constantes irregularidades y la opacidad en el algoritmo con el que se calcula el bono de profesionalización o reconocimiento académico, el Consejo Universitario de la ULA realizó una encuesta para determinar el alcance real de este beneficio. Los resultados revelaron un panorama alarmante: el bono no guarda ninguna relación con el grado académico, la antigüedad o la dedicación del personal, y se estima que cerca del 50% de la comunidad universitaria no lo ha recibido. Esta exclusión afecta gravemente a los sectores de empleados y obreros, a quienes no les llegó el beneficio en absoluto, así como a una mitad de los profesores, calculando que de 12,000 personas afectadas, al menos 6,000 se quedaron sin percibir este ingreso en un contexto donde el poder adquisitivo se encuentra pulverizado, recordando que tras los anuncios del primero de mayo solo se incrementaron los bonos y no el salario.

Así mismo recordó que la universidad recibió menos del 0,3% del presupuesto que le correspondía para su funcionamiento en el mes de enero.

Ante esta asfixia institucional, en la última sesión del Consejo Nacional de Universidades (CNU) se plantearon cuatro temas medulares para el sector: presupuesto, salario, providencias estudiantiles —debido a la imposibilidad de atender los servicios de comedor, transporte y residencia— y la protección social de los trabajadores. En ese mismo espacio, Bonucci, actuando también en su cualidad de presidente de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), solicitó formalmente la convocatoria a elecciones en todas las universidades del país como un paso fundamental para la renovación y defensa de la autonomía institucional.