
Mujeres sindicalistas rechazan anuncios de Delcy Rodriguez por inconstitucional
Ana Rosario Contreras, Colegio de Enfermería, se pregunta cómo quedan las tablas salariales. Argelia Castillo, Apufat-UCV, lo califica como una falta de respeto hacia los trabajadores. Griselda Sánchez, de Suma, denuncia que la clase trabajadora no puede seguir pagando los sueldos del Psuv.
El anuncio hecho este 30 de abril por la presidenta encargada Delcy Rodríguez sobre un ajuste del «ingreso mínimo integral» a 240 dólares profundizó la incertidumbre en el sector laboral venezolano.
Durante un acto oficial previo al Día Internacional del Trabajador, la funcionaria calificó el incremento como el «más importante de los últimos años», aunque omitió precisar cuánto de este monto corresponde al salario base, el cual permanece congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022.
Esta ambigüedad generó una reacción inmediata de rechazo entre los gremios, que denuncian una persistente política de bonificación que anula el valor de las prestaciones sociales.
En entrevistas concedidas a Efecto Cocuyo, tres mujeres representantes de los sectores salud, educación y administración pública coincidieron en que la medida constituye un «golpe a la Constitución» al sustituir el concepto legal de salario por el de «ingreso vital».
Las dirigentes explicaron que, sin una Gaceta Oficial que desglose los conceptos, los trabajadores activos y jubilados quedan en un estado de indefensión jurídica, pues desconocen si el ajuste tendrá incidencia en sus aguinaldos, vacaciones o antigüedad.
La falta de claridad sobre los «sectores estratégicos» que recibirán bonos adicionales también es señalada como una medida discriminatoria que fragmenta las contrataciones colectivas.
Ante este escenario de opacidad informativa, las voceras sindicales ratificaron que la agenda de protesta para este 1 de mayo se mantiene inalterada y sostuvieron que el anuncio gubernamental no solo es insuficiente frente a una canasta básica que supera los 600 dólares, sino que además ignora el mandato del artículo 91 constitucional, que vincula el salario mínimo al costo de la vida.
Fuente: efectococuyo.com