Observatorio Venezolano de Violencia entregó informe 2019

En el año 2019 Venezuela ha vivido la mayor crisis social de la historia por la destrucción de
la economía, la pérdida de capital humano por la emigración, el deterioro del estado de derecho y el
incremento de la desigualdad social.
En ese contexto de destrucción institucional, la violencia y la
criminalidad han sufrido cambios importantes, pues la criminalidad acompaña los cambios en las
sociedades, y procura adaptarse a las oportunidades que le ofrece el mejoramiento o empeoramiento
de las condiciones de vida en esa sociedad.
En la búsqueda del poder o del dinero, los actores criminales administran la violencia para
poder garantizarse un usufructo de la renta como resultado de la utilización de la fuerza, sea para
depredar los frutos del trabajo o los recursos disponibles en ese territorio, sea para establecer
condiciones desiguales que les permitan un acceso privilegiado a las fuentes de riqueza y de renta
existentes en esa sociedad.
Durante este año 2019, en Venezuela se ha incrementado la destrucción del pacto social por la
suma perversa y en apariencia contradictoria de anomia y autoritarismo, lo cual ha provocado, por
una parte, una actuación arbitraria y discrecional de instituciones que incumplen sus obligaciones y
violan derechos humanos, y por otra parte, la desconfianza de la población en instituciones y
funcionarios cuyo desempeño está sujeto a normativas y regulaciones que son frecuentemente
modificadas, con cambios impredecibles y sin un claro fundamento.
Y en lugar de la deseada independencia de los tres poderes en la sociedad, capaces de generar
contrapesos, lo que existe de manera fáctica es una dualidad de poderes que durante este año ha
permanecido y profundizado. A la existencia de dos poderes legislativos y dos poderes judiciales, se
sumó en este año dos poderes ejecutivos. Uno de ellos con un presidente designado por la Asamblea
Nacional legítima y reconocido por una parte de la sociedad y por varias decenas de países del mundo
como el presidente encargado legítimo del país.
Aunque existe una Asamblea Nacional electa democráticamente, se estableció otra Asamblea
legislativa distinta, una Asamblea Nacional Constituyente que fue convocada y electa con
procedimientos no contemplados en la Constitución y que no ha asumido, en cualquier caso, la
función para la cual fue convocada, que era redactar un texto constitucional, sino que en forma
arbitraria se ha adjudicado a sí misma poderes para actuar como una instancia plenipotenciaria, capaz
de normar y decidir sobre cualquier dimensión de la vida republicana.
El poder ejecutivo continúa gobernado bajo el “estado de excepción” establecido desde mayo
del año 2016 y prorrogado de manera indefinida e inconstitucional varias veces, concentrando por
esa vía cada vez más poderes y con cada vez menos controles y regulaciones. La Sala Constitucional
se erigió como un macro poder capaz de modificar la Constitución. Las leyes se personalizan y se
politizan, dejando de ser mecanismos de regulación social universal, para convertirse en instrumentos
para la persecución casuística de los diferentes y disidentes.

En ese contexto, los mecanismos básicos de funcionamiento de las sociedades se pierden y el
delito de distintos rostros encuentra nuevas y mejores oportunidades para actuar. Como no hay reglas
universales y legítimas, el poder fáctico impone sus reglas y las aplica de manera arbitraria a los fines
de obtener riqueza o de conservar el poder, o de conservar el poder para poder usufructuar de la
riqueza.

En Venezuela, el año 2019, se ha consolidado lo que se puede considerarse la mayor crisis
social en la historia de Suramérica.
LA OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA
Luego de dieciséis años consecutivos de censura oficial, el Observatorio Venezolano de
Violencia (OVV) vuelve a ofrecer su reporte anual sobre la situación de violencia en el país. La
censura sistemática de la estadística oficial, el manejo oscuro de los archivos criminales y las
arbitrarias o inexistentes definiciones usadas en el metadato, obligan a los grupos de investigación de
las universidades públicas y privadas que formamos parte del OVV a seguir observando y analizando
lo que ocurre con la criminalidad en el país y continuar entregando a la sociedad nuestras mejores
estimaciones e interpretaciones sobre la realidad existente y la calidad de la información.
En este año 2019, el Observatorio Venezolano de Violencia ha estado analizando y procesando
información en ocho entidades federales del país, con grupos de investigación de ocho universidades:
en San Cristóbal con el Observatorio Social del Estado Táchira de la UCAT; en Cumaná con la
Dirección de Cultura de la UDO; en Caracas con el Centro Ciudades de la Gente de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la UCV; en Barquisimeto con la Escuela de Desarrollo Humano de la
UCLA; en Ciudad Guayana con la Escuela de Derecho de la UCAB-Guayana; en Mérida en el
Instituto de Geografía, Escuela de Geografía, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la
ULA; en Maracaibo en el Centro de Investigación en Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de LUZ, y en Maracay en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de
Ciencias de la Salud, de la UC.
LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA
En el año 2019, Venezuela se mantiene como uno de los países con mayor número de muertes
violentas en la región y en el mundo. Este año cierra con un estimado de al menos 16.506 fallecidos
y una tasa de 60,3 muertes violentas por cada cien mil habitantes, muy por encima de cualquiera
de los otros países considerados violentos en América Latina.
Esta tasa es el resultado de los tres tipos de muertes violentas que desde hace más de una década
estudiamos como constitutivos de la violencia letal en la sociedad: los 6.588 homicidios cometidos
por los delincuentes, cuya tasa es de 24 víctimas por cada cien mil habitantes; las 5.286 muertes
por resistencia a la autoridad, según la denominación oficial, pero que en su mayor parte son
homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado por un uso excesivo de la fuerza o
mediante ejecuciones extrajudiciales con una tasa de 19 víctimas por cada cien mil habitantes; y las
4.632 muertes de intencionalidad indeterminada, registrados oficialmente como averiguaciones
de muerte, pero que también en su mayor parte son homicidios o permanecen sin aclarar su
situación al final del año considerado y cuya tasa estimada es de 17 víctimas por cada cien mil
habitantes.   Prensa OVV